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La Academia de la Magistratura (AMAG) constituye el pilar académico del sistema de justicia peruano por mandato del artículo 151 de la Constitución, el cual le encomienda de manera exclusiva la formación técnica y ética de jueces y fiscales para su selección y ascenso bajo los más altos estándares de exigencia. Este diseño dogmático dotó a la institución de una estricta autonomía académica, separando deliberadamente la función pedagógica de las potestades administrativas y disciplinarias que ejerce la Junta Nacional de Justicia.
Dicha separación estructural opera como un contrapeso indispensable para garantizar una justicia al servicio de la ciudadanía, asegurando que el magistrado se forme en la pluralidad del debate jurídico y preserve su irrestricta independencia interna, libre de coacciones ideológicas o presiones provenientes de los órganos sancionadores.
Bajo este marco de autonomía, la preparación jurisdiccional se concibe como un proceso progresivo que permite desarrollar destrezas prácticas, analíticas y valorativas. La Constitución confía plenamente a la AMAG la preparación de los aspirantes, una atribución que es indelegable y que no puede ser sustituida por requisitos propios de otras instituciones ni por indicadores formales que no verifiquen el real criterio jurídico de los postulantes.
Para cumplir con este rigor, la AMAG se rige, de acuerdo a su ley orgánica, por un Consejo Directivo que es el órgano más alto y está integrado por tres jueces supremos, nombrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dos fiscales supremos nombrados por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, un representante nombrado por la Junta Nacional de Justicia y un representante nombrado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Asimismo, la Academia brinda una formación integral a través de programas especializados que superan las 700 horas académicas
Su labor se estructura estratégicamente en tres ejes permanentes: el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA), dirigido a los abogados que aspiran a ingresar a la carrera judicial o fiscal; el Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA), requisito constitucional ineludible para los magistrados que buscan subir de grado; y el Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP), enfocado en la mejora continua de quienes ya se encuentran en ejercicio.
A través de su labor académica, la Academia de la Magistratura contribuye al fortalecimiento de las capacidades de quienes tienen a su cargo la administración de justicia. El propósito es vincular la excelencia académica y la formación ética con un ejercicio de la magistratura responsable y orientado al servicio de la ciudadanía.
