ACERCA DE LA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS: ¿SANCION PENAL O MEDIDA ADMINISTRATIVA?

 

 

I.- A MODO DE INTRODUCCIÓN.-

 

Resulta innegable el interés que cobra en la actualidad, y en el marco de la necesaria adaptación del Derecho Penal al reto de hacer frente a la creciente criminalidad económica y organizada, la discusión acerca de la responsabilidad penal que alcanza a las personas  jurídicas. La opinión doctrinaria mayoritaria aún sostiene que las sanciones punibles deben afectar sólo a las personas naturales y no a los entes corporativos o mejor dicho, a las personas jurídicas; por ello, si enfocamos el tema desde el punto de vista de la dañosidad y por ende, de la importancia de los bienes jurídicos, habría que tomar en cuenta un nuevo Derecho Penal en donde precisamente los sujetos activos  con mayor capacidad criminológica son  las personas jurídicas, sin embargo, lo que ocurre en la realidad es que no se sancionan a las personas jurídicas si no a las personas físicas  y esto tiene relación con el análisis del injusto, al configurar ésta una categoría que siempre se ha reconocido como propia de la condición humana.

 

De otro lado, a pesar de la tendencia general aún reinante, no es posible negar que el Principio  de “Societas Delinquere Non Potest” no tiene ya una vigencia absoluta. Como sabemos, este Principio establece que la responsabilidad penal recae en el representante de la persona  jurídica y por tanto, los que ejercen esa función deben asumir la responsabilidad por los hechos delictuosos en los que se haya incurrido.

 

En tal contexto, el Derecho Penal que tradicional y comúnmente recae sobre las personas físicas ha sido complementado en un gran número de países industrializados con un Derecho Penal que se orienta a castigar con sanciones punitivas a las personas jurídicas .

 

Entre estos países podemos mencionar a Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Japón y Noruega, mientras que en Estados  como Alemania e Italia sólo se aplican sanciones económicas contra las personas jurídicas  y  en similar línea,  países como España, Bélgica, Grecia, Austria, Canadá  y en nuestro medio, se imponen sanciones de carácter civil o  administrativo a las personas Jurídicas . Lo cierto es que en relación a este dogma del “Societas Delinquere Non Potest” las regulaciones que contienen los grandes sistemas del Derecho Penal (como el sistema del Common Law y la Codificación de Europa Continental que halla sustento en la legislación Francesa  y en el  pensamiento dogmático Alemán ) tienden a unificarse y por tal razón, la ya existente responsabilidad cuasi-penal de las empresas a nivel de la comunidad Europea es frecuentemente tomada en consideración como modelo legislativo y jurídico de varios de sus Estados miembros.

 

Esta necesidad de represión penal a las personas jurídicas proviene de la aceptación generalizada en torno a que los actos con relevancia penal no son sólo cometidos por personas naturales o particulares que actúan de modo autónomo, si no por agrupaciones de personas organizadas en estructuras regularmente complejas, con lineamientos de división del trabajo  y en cuyo seno se concentran grandes dosis de poder. Estos hechos de connotación penal a que nos hemos referido y en los que suelen incurrir las empresas son generalmente los delitos económicos y contra el medio ambiente.

 

Ahora bien, queda claro que la tendencia actual se inclina a optar por la responsabilidad penal de las personas jurídicas tomando en cuenta aspectos sustanciales tales como la idoneidad de la sanción a fin de eliminar a cabalidad las ventajas obtenidas por el ente corporativo, la adecuación de la sanción a la capacidad de producción de la persona jurídica y la necesaria proporcionalidad que debe existir  entre el castigo a imponer y la trascendencia y dañosidad del evento punible; en dicha secuencia, nuestra posición apunta a sustentar un modelo paralelo de imputación basado en argumentos tales como admitir que muchos delitos se cometen por directivas o política de la organización, no siendo viable en tales casos, la imputación a personas individuales.

 

En cuanto al fundamento político-criminal, es obvia la necesidad de contrarrestar la creciente y moderna criminalidad económica o empresarial y también es de suma importancia tomar en cuenta el aspecto sociológico, pues  diversos estudios especializados en la materia han venido a demostrar que las organizaciones complejas denotan una personalidad propia y particular, un aptitud grupal que la más  de las veces, queda al margen del comportamiento individual de sus miembros lo que pone de manifiesto que las personas cambian su conducta cuando se sienten protegidas dentro del grupo, llegando en casos extremos a cometer eventos delictuosos cubriéndose en la fachada de la persona jurídica.

 

Volviendo al punto de sustentar nuestra posición la consecuencia inmediata es formularnos la siguiente interrogante: ¿cómo estructurar al interior de las Sociedades las sanciones punitivas a imponerse en el caso de la comisión de ilícitos penales?. Definitivamente no es un tema sencillo y el debate que se cierne en la actualidad se justifica ampliamente por su trascendencia en el ámbito jurídico-penal.

 

La problemática en puridad se centra en el hecho de que en las corporaciones existen relaciones complejas que se traducen en especialidad, división de trabajo y delegación de funciones, así como en lineamientos marcados por la relación jerárquica y de subordinación existente entre sus miembros lo que va a dificultar la determinación de responsabilidades penales al interior del ente societario ante la comisión de un hecho delictivo.

 

Ante ello, cabe plantear alternativas de solución que impidan se cierna impunidad respecto a la ocurrencia de eventos punibles por parte de la criminalidad económica o de empresa y así, en nuestro país se instituye la figura del “ actuar por otro” contemplado en el Artículo 27° del Código Penal por la cual es a la persona física  o natural que actúa en nombre de la organización  o persona jurídica, la que se le atribuye la responsabilidad penal, añadiéndose a este punto la aplicación de las denominadas “medidas accesorias “ que no constituyen sino sanciones que se imponen a las sociedades a cuyo nombre se perpetran los eventos delictivos.

 

Igual concepto recoge el ordenamiento penal Español , pues en base a que las personas jurídicas no son capaces de realizar una acción de connotación penal y/o no es posible convertirlos en sujetos del juicio de culpabilidad tal y como lo concebimos con las pautas que nos brinda la teoría general  del delito, se aplica la responsabilidad penal al representante de la persona jurídica y también, el  Artículo 129º del Código Penal Español crea la figura de las “consecuencias  accesorias”,  que constituye una sanción penal o cuasi-penal a las personas jurídicas.

 

Precisamente en este punto radica el tema de nuestro análisis, pues en primer término es necesario discernir cual es la naturaleza jurídica de estas denominadas “consecuencias accesorias”, es decir, si en esencia constituyen medidas administrativas o de otro lado, configuran sanciones penales planteándose en este último supuesto, los mismos cuestionamientos que se suelen suscitar en el ámbito del sistema sancionador administrativo de cara  al Principio de Culpabilidad que adopta nuestro ordenamiento penal; ello con el propósito en última instancia, de adoptar una postura coherente respecto a la viabilidad o imposibilidad en su caso, de imputar conductas contrarias a Derecho  y de contenido penal, a los entes corporativos.

 

II.- LA PERSONA JURÍDICA Y SU IMPLICANCIA EN EL DERECHO

     PENAL ECONOMICO.-

     ( Precisiones fundamentales sobre el creciente fenómeno de la

      criminalidad económica)

 

Siendo un tamiz  del tema que nos convoca el determinar a ciencia cierta si es posible atribuir sanciones penales propiamente a las personas jurídicas, resulta de suma importancia precisar el concepto de Persona Jurídica y analizar las teorías que intentan justificar su existencia y alcances dentro de la comunidad económica y la actividad empresarial.

 

En la legislación Española se esboza una definición legal de las Personas Jurídicas que se halla contemplada en el Artículo 35º del Código Civil Español que textualmente señala:

 

-          Son Personas Jurídicas:

a)      Las corporaciones, asociaciones y Fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a Derecho, hubieran quedado válidamente constituidas.

 

b)      Las Asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la Ley concede personalidad propia independientemente de la de cada uno de los Asociados.

 

Como quiera que en el sistema  jurídico peruano no existe precepto legal que  defina con exactitud en qué consiste la persona jurídica, [1]hemos de recurrir a la Doctrina para completar dicho vacío, encontrándonos con dos teorías que intentan fijar posiciones doctrinarias sobre la naturaleza de las personas jurídicas:

 

a)           Teoría de la Ficción.- es propugnada por Savigny quien sostiene lo siguiente :

 

“Todo derecho es la sanción de la libertad moral inherente al ser racional, y por esto la idea de persona o sujeto de derecho se confunde con la idea de hombre pudiéndose formular la identidad primitiva  de ambas ideas en estos casos: todo individuo y sólo el individuo tiene capacidad de derecho. Verdaderamente que el derecho positivo puede modificar la idea primitiva de la persona, restringiéndola o ampliándola, de igual modo que negar a ciertos individuos la capacidad de derecho en totalidad y en parte, y además, arrancando por decirlo así, dicha capacidad del individuo a estos seres  ficticios se les llama personas jurídicas, es decir, personas que no existen sino para fines jurídicos “.[2]

 

De acuerdo al criterio de Savigny, la ficción viene a constituir un instrumento técnico que sólo el legislador puede emplear, es decir, en su entender fuera de la persona natural, no existe otra entidad titular de derechos y obligaciones, por lo que la ficción  considera a una asociación de personas o a un conjunto de bienes como una unidad, tratándola como una persona, y por lo tanto, como sujeto de derecho.

 

Aquí hallamos un argumento importante que nos va a ayudar a fijar posturas posteriormente, y es el hecho que pese a la personificación del ente jurídico en el sujeto físico, ello no debe hacernos olvidar la imposibilidad de tratar a la agrupación o sociedad de la misma manera que a la persona física pues las agrupaciones de hecho, tienen capacidad legal pero no capacidad para actuar. La teoría de la Ficción en realidad, viene a excluir la responsabilidad penal de las agrupaciones por razones muy similares a las que permiten descartar la responsabilidad de las personas físicas incapaces.

 

b)           Teoría de la Realidad.- según esta posición, la Corporación es una persona real colectiva formada por hombres reunidos y organizados en una existencia conjunta que tiende a la consecución de fines que trascienden de la esfera de los intereses individuales, mediante la común y única fuerza de voluntad y acción. Este cuerpo social existe independientemente de toda intervención del Estado y su reconocimiento no proviene de la creación de un nuevo sujeto, si no que radica en la constatación de su existencia, tiene un simple valor declarativo. De otro lado, la persona colectiva expresa su voluntad a través de sus órganos y en este caso,  no se trata de un supuesto de representación  pues así como el ser humano se extingue por la destrucción de su organismo natural, la persona colectiva se extingue también por la destrucción de su organismo social o por autoridad de sus estatutos.

 

En este caso, a diferencia de la Teoría de la Ficción, el criterio de la realidad resulta una tesis favorable a la constitución de un sistema penal de la responsabilidad jurídica. Nos explicamos, si partimos de la premisa de que es considerado sujeto de derecho quien goza de la protección legal de sus intereses y fines reconociéndosele como titular de una capacidad autónoma de obrar, se logra concluir como bien afirma Longhi que “ un primer concepto de agrupación coincide con la calidad de persona antropomorfa.” [3]

 

Incluso se enfatiza el hecho de que existen objetivos, fines y metas que por su estructura y complejidad, superan la capacidad de lo individual y por lo tanto, sólo pueden ser alcanzados por una organización especial, es decir, por los entes corporativos o colectivos.

 

Bajo este argumento, la persona física no sería la única a tomarse en cuenta como ente existente en el ordenamiento jurídico y en la misma línea de opinión, los entes colectivos no deben ser considerados únicamente como una proyección de la persona natural sino como una específica y autónoma realidad en el mundo de las relaciones humanas; por ello como refiere Orestano Azione “ al igual que las personas físicas, las agrupaciones tienen también una voluntad que refleja naturalmente la estructura de los entes colectivos, se trata de una voluntad colectiva que se manifiesta por intermedio de sus órganos”. [4]

 

Estas teorías entonces conciben a las empresas como sujetos sociales  autónomos y en consecuencia, “se trata de desarrollar una concepción racional de la regulación penal sobre las empresas partiendo de que los peligros no sólo provienen del titular de la corporación sino del sistema  empresarial en si mismo  pues la amenaza penal directa contra los bienes jurídicos protegidos  proviene, en la mayor parte de los casos, de comportamientos de  personas situadas en el plano directivo y no de los órganos de la persona jurídica y de otras personas con funciones de dirección”.[5]

 

Cabe precisar en relación a este punto que siempre que aludimos al Derecho Penal Económico o a la delincuencia económica en términos generales, tenemos que citar necesariamente al criminólogo Sutherland, pues fue el primero que enfatizó la reflexión acerca de que la delincuencia económica no es un fenómeno atribuible sólo a las clases socio-económicas más bajas, sino que constituye un evento social mucho más generalizado, al abarcar no sólo a los desprotegidos y menos favorecidos por la riqueza -sino que lo que en un inicio del fenómeno, resultó sorprendente y ahora ya no lo es-, es que alcanza también a los hombres de negocio que ejercen su actividad al interior de una empresa, originando lo que se ha dado en denominar “la delincuencia de cuello blanco”.

 

En cuanto a los efectos perniciosos que conlleva la delincuencia económica en su condición de perturbación del orden socioeconómico, podemos contar los siguientes:

 

-          Creación del efecto denominado “resaca” o “espiral” que consiste en la situación que se produce cuando, ante el agotamiento de todas las posibilidades legales de lucha en un mercado altamente competitivo, el primero en delinquir ejerce una fortísima presión respecto a los demás contrincantes, quienes en aras de esa “competitividad” se ven precisados a incurrir en nuevos hechos delictivos generándose así el efecto “resaca”, y cada participante a su vez se convierte en el eje y centro de una nueva resaca, produciéndose de esta forma el efecto “espiral”.

 

-          La reacción en cadena se suscita por la ocurrencia de graves daños materiales que causa perjuicio a un número indeterminado de víctimas, las que se constituyen en el primer eslabón de la cadena y entre ellas, se van transmitiendo sucesivamente dificultades de pago, incumplimientos y retrasos, quiebras, etc., todo aquello que viene a caracterizar especialmente a las etapas de recesión económica.

 

-          Finalmente, el tercer efecto es el más pernicioso pero lamentablemente el que resulta inevitable cuando de la comisión de delitos contra el orden económico se trata; nos estamos refiriendo a la corrupción pues a la par de la ocurrencia de hechos delictuosos de esta naturaleza, se genera todo un poder corrupto que ataca directamente a los funcionarios públicos vulnerando en tal orden, el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública, que es la transparencia y honestidad en la gestión pública.

 

No cabe duda que actualmente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se halla íntimamente vinculado al ámbito de los delitos económicos, vale decir, a todas aquellas acciones punibles y a las infracciones de índole administrativo que se suelen cometer en el marco de la intervención de un ente colectivo en la vida económica y en el tráfico jurídico.

 

Por su parte y en virtud a la posición de Schünemann, se establecen dos clases de modalidades ilícitas en la esfera de la delincuencia económica: la “criminalidad de empresa” y la “criminalidad en la empresa” [6] , pues bien,  ¿cual es la distinción entre ambas modalidades?.

 

La Criminalidad de Empresa o “Unternehmenskriminalität”  en el término alemán supone el comportamiento socialmente dañoso de una empresa, mientras que la Criminalidad en la Empresa comprende los hechos delictuosos cometidos tanto al interior como al margen de la empresa que atentan contra ésta misma.  En este punto, los problemas de imputación y de prueba que se originan por la criminalidad en la empresa se basan esencialmente, en el hecho claro y notorio de que son personas físicas las que actúan para la sociedad, mientras que la criminalidad de empresa traduce la suma de todos los delitos que se cometen a partir de una empresa o mediante entidades colectivas.

 

En realidad la diferenciación no es inútil, por el contrario, nos permite establecer que en lo referente a la criminalidad en la empresa es posible someter sin mayores dificultades estos ilícitos a la reglas de los delitos comunes, ello claro, desde el punto de vista de la dogmática penal y por otro lado, la criminalidad de empresa sí presenta frecuentemente problemas difíciles de solucionar atendiendo a que en dicho campo, sólo se pueden cometer delitos económicos. [7]

 

Consideramos que el problema clave aquí, lo constituye el que un evento punible cometido a consecuencia de la actividad de la persona jurídica, (considerada como una agrupación de personas organizadas por medio de la división de trabajo) plantea irremediablemente dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, ¿qué responsabilidad le alcanza al representante de la empresa que actúa como tal ante la ocurrencia de eventos delictivos cometidos por la actividad de dicho ente corporativo y cuales son las condiciones en tal supuesto, para su juzgamiento?.

 

Como segundo aspecto, ¿hasta qué punto y en virtud a qué parámetros puede atribuirse responsabilidad penal a la persona jurídica por si misma?. Estos planteamientos realmente espinosos de cara a los principios que sustentan la dogmática jurídico penal, nos conducen a analizar en el siguiente punto la naturaleza, alcances y vigencia en la actualidad del dogma “Societas Delinquere Non Potest”, cuyo arraigo se ve disminuido a la luz de las nuevas tendencias en las legislaciones de los diversos países que conforman nuestra comunidad jurídica.

 

III.- REVISIÓN DEL PRINCIPIO “ SOCIETAS DELINQUERE NON

       POTEST”.

      (  La necesaria discusión sobre la posibilidad de atribuir punibilidad a

       las   personas jurídicas).

 

La polémica que se centra respecto a si es viable hacer penalmente responsables a las personas jurídicas no es reciente en modo alguno, pues en los primeros antecedentes que hallamos, podemos advertir que ya el Derecho Romano avizoraba el problema estableciéndose en Roma y en virtud al Principio del “ Societas Delinquere Non Potest”, que “era imposible hacer responder penalmente a una persona jurídica”. [8]

 

Cabe añadir que ya desde épocas muy remotas el problema de la responsabilidad penal de los entes colectivos encontró un espacio trascendente en el ámbito del sistema punitivo o de imposición de sanciones; así tenemos que la denominada “venganza de sangre” consistía en la reacción penal típica que podía recaer en su caso, en cualquiera de los que integraba la Sippe  (familia) del autor que había cometido el hecho reprochado por la comunidad.

 

Por otro lado, se cita como ejemplo que en el Fuero De León, se ordenaba que en caso de imponerse a determinado sujeto una sanción pecuniaria, debía responder también por ella y solidariamente, la ciudad a la que pertenecía el infractor con el fin de que no se pudiera alegar insolvencia o desconocimiento de la ubicación del autor. Bajo esta ejemplarización, Mir Puig señala que “ el fundamento de que se extendiera la pena a personas diferentes al autor que había cometido el delito, se basaba en la prevención general”.   [9] 

 

Ahora bien, luego del Absolutismo, el pensamiento penal varía sustancialmente y se imponen los Principios que inspiraron la Revolución Francesa, constituyendo precisamente una conquista de dicho episodio fundamental de nuestra evolución histórica, la imposición del Principio “Societas Delinquere Non Potest”  en cuya virtud por los delitos cometidos en el seno de una persona jurídica , responde aquel sujeto que en representación del ente colectivo, realice la acción considerada como reprochable.

 

A decir de Moncayo “ sólo al individuo que delinque es factible sancionarlo con una pena.  Trasladada esta regla al ámbito de la persona moral, social o de existencia jurídica, en lo que atañe a su responsabilidad penal por los delitos que cometieren los individuos que la integran, es que se edificó la tesis que puede resumirse en el axioma latino Societas Delinquere Non Potest”. [10]

 

Recapitulando, esta posición dominante a finales del siglo XVIII se apoyó principalmente en la influencia Romanista de Savigny quien como hemos reseñado, construyó la teoría de la Ficción explicando que la persona jurídica como tal no podía sufrir una auténtica responsabilidad punible, pues ella sólo podía recaer en los seres humanos que actuaban a su nombre, es decir, los únicos responsables del delito. Resulta obvio entonces que para Savigny, era totalmente improbable sancionar a una persona jurídica sin violentar con ello la gran máxima del Derecho Penal  que exige la identidad del delincuente así como del condenado. A ello añadimos la introducción de otro principio fundamental que sirvió de inspiración al nuevo Derecho Penal Liberal y no es otro que el de Personalidad de las Penas en cuya virtud, la responsabilidad criminal es siempre personal por lo que dicha atribución penal así como las penas que de ella deriven, no pueden trascender a otras personas, significando en suma, la proscripción de la responsabilidad colectiva que antes fuera inobjetablemente reconocida en el Derecho Primitivo.

 

Ahora bien, es Gierke quien en abierta oposición a esta teoría de la Ficción, enarbola y sustenta la denominada Teoría de la realidad, - a la que también nos hemos referido anteriormente-  y que en nuestro entender, no constituye sino el basamento teórico para la admisibilidad de la responsabilidad criminal de los entes colectivos.

 

En efecto, el autor afirma que “una persona jurídica debe ser concebida como una persona real, en la cual se agrupan seres humanos, con una única y común fuerza de voluntad y de acción para el cumplimiento de los fines que superan la esfera de los intereses individuales, de modo que entidades de este tipo llegan a alcanzar un elevado grado de concentración y organización manifestando en el plano social una sustancial unidad capaz de intervenir en nombre propio en la vida jurídica activa”. [11]

 

Compartimos desde tal perspectiva el razonamiento del autor, dado a que la descripción de este proceso no nos lleva a otro lugar que no sea el de la configuración de una auténtica y autónoma persona jurídica. Esta persona jurídica va a manifestar una realidad distinta y aislada a la de los miembros que la conforman, de tal suerte que puede llegar a formar una personalidad real de tal magnitud, que sea obviamente distinta a las voluntades individuales de las personas naturales que la integran y en consecuencia, la improbable idea de un actuar propio de la persona jurídica ya no resulta tan lejana o utópica, claro está, en orden a estos lineamientos.

 

En realidad, la polémica acerca de si existe la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penalmente o no -y a la luz de las circunstancias actuales de criminalidad organizada-, no se puede resolver tomando como base la contraposición entre la teoría de la ficción y la teoría de la realidad, pues hoy resulta un imperativo el admitir que la persona jurídica es un ente real, activo en el quehacer económico y social de la comunidad y que por sus características particulares, resulta ostentando una realidad propia y distinta a la de las personas físicas.

 

En similar opinión, autores como Fran Von Liszt y Prins defienden la tesis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tomando como fundamento, las exigencias de índole político-criminal.

 

Sostienen que la persona jurídica es un medio especialmente peligroso para servir de instrumento a aquellos que pretendieran enmascararse tras ella por lo que proponían que dichos entes colectivos fueran castigados drásticamente. Añadían que así como el Derecho reconoce la capacidad de obrar de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho, de igual modo se podía afirmar dicha capacidad en otras esferas, como en la penal.

 

Von Liszt señalaba que “quien puede concluir contratos, puede concluir contratos fraudulentos y usurarios”,[12] sin duda alguna, muy ilustrativa la reflexión.

 

Otras posiciones que siguen apostando por el “ Societas Delinquere Non Potest”  las encontramos sustentando por ejemplo, la tendencia que recoge el Código Penal Español, en el que ha quedado claramente plasmado que las personas jurídicas son responsables tanto en el Derecho Civil como en el Derecho Administrativo más no en el campo penal.

 

El fundamento de esta posición sin duda alguna la constituye la afirmación dogmática penal de que las personas jurídicas no son responsables penalmente, respondiendo a dicho título, las personas físicas que hayan ejecutado la acción reprochable. En tal secuencia de ideas, es pertinente añadir que tal como se concibe la acción, la culpabilidad y la pena, la persona jurídica no tiene capacidad de acción, de culpabilidad y de pena, siendo esto así porque desde el punto de vista penal, “la capacidad de acción, de responsabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad entendida como facultad psíquica de la persona individual, que no existe en la persona jurídica, por constituir un mero ente ficticio al que el Derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales”. [13]

 

Otros autores como Luna Serrano y La Cruz Berdejo apoyan esta moción precisando que a las personas jurídicas les falta conciencia y voluntad en sentido psicológico, y con ello la capacidad de autodeterminación, siendo éstas condiciones humanas que necesariamente han de ser tomadas digámoslo así, “prestadas” de los hombres. Añaden que los entes colectivos son semejantes a los seres humanos en cuanto a la llamada unidad de eficacia y en base a esta semejanza pueden, al igual que una persona natural, constituirse en sujeto de derechos y deberes.

 

Se hace evidente a estas alturas, que las objeciones que principalmente se formulan para desconocer la posibilidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son su incapacidad de acción y culpabilidad así como la no susceptibilidad de la pena. 

 

Por ello,  la tarea que deben emprender quienes postulan a que sí es posible atribuir responsabilidad de connotación penal a las personas jurídicas – lo que implica prácticamente la negación al Principio del Societas Delinquere Non Potest” -, radica precisamente en ampliar el contenido de los conceptos de acción, culpabilidad y capacidad de pena de la persona jurídica, avizorando nuevas concepciones respecto a estos rubros a fin de aplicarlos en modo exclusivo al propósito de imputar la comisión de un delito a una persona colectiva.

 

En ese afán realizaremos un breve análisis de las cuestiones dogmáticas que pretenden justificar o en su caso, desvirtuar la posibilidad de imputación penal a las personas colectivas o jurídicas, aclarando que esta disquisición si no se evalúa tomando en cuenta las necesidades y urgencias político-criminales actuales, carecería finalmente, de objeto y por ende, de sentido.

 

 

 

 

IV.- DE LOS INNOVADORES ARGUMENTOS DOGMÁTICOS A TOMAR EN CUENTA PARA UNA POSIBLE ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.-

( Esbozando una nueva dogmática Penal).

 

En principio, ¿cual es la noción a admitir respecto a la Culpabilidad para los fines de nuestro estudio?.  La culpabilidad como concepto genérico nos conduce a afirmar que el autor de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, debe tener las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos.

 

Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber realizado algo típico y antijurídico, se le denomina imputabilidad, o más modernamente, capacidad de culpabilidad. Es decir que quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente o por sufrir de alteraciones mentales y psíquicas, no puede ser declarado culpable y por consiguiente, no es posible hacerle responsable penalmente de sus actos, por más que éstos sean notoriamente típicos y antijurídicos.[14]

 

La Culpabilidad en esta secuencia, “no es un rasgo intrínseco a la persona, sino una cualidad que se predica jurídicamente de alguien en relación con el hecho ilícito realizado, que es el objeto de la responsabilidad penal” [15] y precisamente la adecuación del sistema penal al Principio de Culpabilidad reclama la configuración de un Derecho Penal de Hecho y en consecuencia, la derogación del llamado Derecho Penal de Autor que hace posible –injustificadamente por cierto-,  hacer culpable a alguien por lo que es y no por lo que ha hecho.

 

Dato importante es aquel que nos ilustra en el sentido que cuando el individuo no reúna las condiciones legalmente exigidas para considerarle culpable, pues quedará expedita la vía de la aplicación de las medidas de seguridad, en cuyo caso se hace exigible también, la previa comisión de un hecho antijurídico.

 

Dos conceptos doctrinarios existen acerca de la Culpabilidad, el concepto psicológico y el concepto normativo. En virtud al primero de ellos, la atribución punitiva a un sujeto requería la comprobación de un nexo psíquico con el hecho cometido o en otras palabras, se exigía la relación de causa a efecto para hacer posible el imputar responsabilidad penal al infractor de la norma. Por otro lado, la concepción normativa conduce a afirmar la existencia de un “reproche”, es decir, una reprobación que sólo encuentra sentido si se parte de la premisa de que el sujeto ha estado en la posibilidad de abstenerse de cometer el hecho delictuoso, encontrándose bajo su libre albedrío el incurrir en el evento punible o no. [16]

 

Pues bien, ha de tomarse en cuenta que históricamente, la exigencia de la imputabilidad apareció como una limitación de la responsabilidad penal pues pronto se tornó en obvio el hecho de que los niños y los enfermos mentales- por citar un ejemplo-,  no podían ser tratados como los adultos o los aparentemente sanos mentales. Indudablemente la pena aplicada a estos incapaces resultaba inocua por lo que debía ser sustituida por otras medidas que en la práctica cumplían el mismo fin que de control social asume la pena, pero que formalmente, no tenía el mismo sentido punitivo.

 

También se torna importante aludir a la distinción entre el injusto (conducta típica y antijurídica) y la culpabilidad pues primordialmente se hace necesario analizar la responsabilidad del sujeto o mejor dicho, si éste debe responder por lo injusto. Así apreciamos que la culpabilidad reúne a un conjunto de aspectos de la responsabilidad del sujeto activo tales como:

 

-          Capacidad de Culpabilidad.- En otras palabras, la imputabilidad, que puede ser excluida por razones tales como la minoría de edad, la enfermedad mental, la idiotez, la grave alteración de la conciencia, etc.

 

-          Conocimiento de la prohibición.- Es el conocimiento real de la ilicitud o como mínimo, haber tenido la posibilidad de conocerla.

 

-          Exigibilidad.- Se da acerca de la exigencia de un comportamiento arreglado a Derecho.

 

En virtud entonces a este enfoque que contiene nociones dogmáticas tradicionales respecto a la acción, la culpabilidad y la capacidad penal, tendríamos que admitir sin mayor objeción, que la acción está siempre ligada en el Derecho Penal, al comportamiento humano y la culpabilidad o culpa constituye un reproche ético o moral humano que se encontraría de hecho descartado en el caso de las agrupaciones o entes corporativos.

 

A decir de Tiedemann, “ las personas colectivas no podrían además, ser las destinatarias o sujetos pasivos de penas criminales con finalidad preventiva a la vez de retributiva. “[17]. Agrega – y coincidimos en ello- que las dificultades existentes suelen ser menos graves cuando sólo se prevén sanciones cuasi penales y no verdaderas penas en la real expresión que conocen los que se conducen en el ámbito jurídico-penal.

Como sabemos, siempre ha constituido un problema significativo la determinación de responsabilidades cuando de autoría y participación se trata;[18] en este aspecto y tradicionalmente, parece muy difícil imputar a una persona física o jurídica, la culpa de otra persona, pues en relación con las personas naturales, el Principio constitucional de la Culpabilidad prohibe dicha imputación, en palabras coloquiales, “ la culpa debe ser la propia culpa de la persona a condenar”, [19]

 

En cuanto al tema de la capacidad de culpabilidad propiamente, sostenemos que la pena presupone la culpabilidad, ello es tan cierto como necesaria se hace la distinción entre la culpa personal o individual y la culpa de la persona jurídica que se determina debido al factor de la responsabilidad social.  Entonces, ¿ cómo definir de modo autónomo el contenido del reproche de culpabilidad de las personas jurídicas?.

 

Como menciona Dannecker,  existe en verdad una “dependencia de la culpabilidad del injusto” pues si el injusto se caracteriza por la actividad de una organización defectuosa y la proyección de una ética empresarial insuficiente, ello debe traducirse necesariamente en la culpabilidad, que consiste en tal supuesto, en haber creado las condiciones para la realización del injusto.[20]

 

No debe dejarse de lado el hecho de que el injusto penal también presupone en las personas jurídicas una vulneración del deber, y se parte en esta afirmación, del supuesto referido a una carencia en la organización o en la ética empresarial que se traduce en comportamientos lesivos contra los bienes jurídicos, fijándose como presupuesto esencial,  que la punibilidad de las empresas siempre debe orientarse a las formas de organización legal y formalmente reconocidas.

 

Por nuestra parte consideramos que el hallazgo de la culpabilidad en la empresa , deviene de asumir su responsabilidad respecto a las prestaciones colectivas defectuosas que concreta a consecuencia de una deficiente estructura organizativa o una inidónea ética empresarial. Caso contrario ocurre cuando la persona jurídica estructura correctamente su organización afianzando una cabal ética empresarial, en tal supuesto, no le alcanzará responsabilidad de índole alguna.

 

Ahora bien, queda claro que en el modelo de imputación de responsabilidad penal que siguen los países del sistema Euro-Continental rige aún el Principio “ Societas Delinquere Non Potest” y en los casos en que la responsabilidad penal se fundamenta en un comportamiento personal, pues proceden a individualizar responsabilidades al interior de las personas jurídicas.

 

Por ello, compartimos la posición de la Dra. Laura Zúñiga cuando sostiene que “ un estudio pormenorizado de la actuación en el seno de organizaciones complejas, como las de tipo empresarial, nos demuestra que, debido a la complejidad del modo de producción industrial y comercialización de los productos, la división del trabajo existente dentro de las organizaciones, la distribución de funciones  (de tipo horizontal o vertical), la delegación de las mismas, la existencia del deber de obediencia, el principio  de confianza que rige los eslabones de funcionamiento de la cadena organizacional, los comportamientos que pueden dar lugar a lesiones de bienes jurídicos, son conductas de carácter complejo, donde se produce una fragmentarización de la decisión y de la ejecución de las actividades, llevando ello necesariamente, a que estos comportamientos no  puedan subsumirse en los modelos de imputación penal existentes, diseñados a partir de un injusto y una culpabilidad construidos bajo los paradigmas de una persona física dotada de voluntad”. [21]

 

Volviendo al punto de análisis, pareciera que aún una tendencia mayoritaria doctrinal afirma que estos conceptos de culpabilidad ( el psicológico, el normativo y el basado en la necesidad de la pena ya detallados en líneas que preceden) han sido concebidos sólo para los seres humanos quienes son los únicos llamados a fijar un nexo psicológico entre ellos mismos y la conducta que realizan, por lo que una persona jurídica nunca tendría capacidad de culpabilidad.

 

Empero, esta afirmación no nos parece suficiente adoptando una perspectiva política-criminal pues en vista de la impunidad que se advierte en torno a la cada vez más moderna y creciente delincuencia empresarial, este concepto restringido y tradicional no coadyuva en modo alguno a solucionar la problemática.

 

En relación a ello, se destaca la peculiaridad de fijar una “oposición tan enérgica a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la mano, justamente, del concepto quizá más inestable sistemáticamente de la teoría del delito: la categoría dogmática de la culpabilidad”. [22]

 

Por otro lado, un reducido sector de la Doctrina – llamémosle más moderado- opta por dejar del lado el Principio de Culpabilidad tal y como está concebido tradicionalmente, para intentar construir un sistema de sanciones penales para las personas jurídicas, asumiéndose en esta posición, que no será necesario para castigar a un ente colectivo el constatar su culpabilidad, y que este hecho no tiene porque resultar atentatorio contra un sistema Penal basado en el Estado de Derecho.

 

Así, Shünemann – y nosotros por cierto coincidimos en ello- apuesta por la existencia de un interés público predominante que se traduce en el estado de necesidad del bien jurídico. [23] Tal estado de necesidad preventivo justifica su intervención en tanto y en cuanto exista la imposibilidad de identificar al autor dado a que la infracción ha generado beneficios para la empresa habiéndose detectado fallas en las medidas de vigilancia adecuadas para evitar la acción ilícita.

 

Es importante en este momento realizar precisiones que se orienten a reforzar nuestra posición final respecto a la determinación de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias y su idoneidad como medio represivo ante la ocurrencia de los delitos cometidos en y a través de las personas jurídicas. Así nos planteamos lo siguiente:  ¿cómo y bajo qué condiciones podemos afirmar un modelo de imputación aplicable a las agrupaciones o entes colectivos?

 

La respuesta más cercana luego de reparar en las cuestiones expuestas y las diversas posturas doctrinales que existen sobre el tema, nos lleva a sostener que la imputación que se pretende formular hacia las organizaciones supraindividuales debe ser concebida aisladamente en cuanto a sus presupuestos y consecuencias, de la tradicional concepción acerca de la culpabilidad penal personal o individual.

 

¿ Qué significa esto? Pues simplemente que ayuda a resolver la disyuntiva, el aplicar un modelo paralelo al Derecho Penal individual en el que afianzando una “culpabilidad de las agrupaciones” se logre atenuar el problema de la criminalidad económica organizada.[24]

 

Sobre el punto anotamos que la esencia de la corporación consiste precisamente en no ser una simple suma de personas individuales, sino que constituye una estructura independiente que se separa justamente de ellas.

 

 

Queda claro entonces que la culpabilidad de la asociación no es idéntica a la culpabilidad de sus miembros, suscitándose en el caso de las asociaciones un fenómeno paralelo al de la responsabilidad individual.

 

Por ello, las alternativas de solución deben apuntar en nuestro entender, a una nueva conceptualización de la categoría dogmática de culpabilidad que nos permita aplicarla – en la realidad claro está y en condiciones obviamente delimitadas-, a las personas colectivas, pues el aumento desmesurado de la criminalidad económica dentro de las empresas que en los últimos años se ha desarrollado de una manera insospechada no admite mayores reparos ni omisiones en búsqueda de una respuesta eficaz e idónea por parte del ordenamiento jurídico, que no puede permanecer impasible ante tan rotunda y nefasta realidad. [25]

 

A continuación, entramos de lleno al análisis de las consecuencias accesorias y la determinación de su incierta naturaleza jurídica.

 

V.-  DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS

      DENOMINADAS MEDIDAS O CONSECUENCIAS ACCESORIAS.-

      ( Postulando a un modelo paralelo de imputación penal a las personas

       jurídicas)

 

Una aproximación al origen del problema lo hallamos en la visión que nos brinda la política criminal, pues nos concede argumentos importantes tales como el que el fenómeno de la macro-criminalidad implica la necesidad de prevenir los riesgos, y en ese contexto se espera la reacción inmediata y eficiente del Estado para evitar el desborde en la vulneración de los bienes jurídicos.

 

Al respecto, se precisa que los elementos que hacen manifiesta la existencia de la macro-criminalidad son:

 

-          Los sujetos activos ( los grupos o entes colectivos) en donde se plantea el problema de la responsabilidad de las organizaciones y en dicho orden se habla también de la violencia colectiva.

 

-          Las víctimas indeterminadas de la criminalidad ( “ delitos sin víctimas”).

 

-          Problemas para determinar la causalidad de estos delitos. Este problema busca ser superado por el fundamento de la imputación objetiva. [26]

 

Recurriendo al Derecho Comparado podemos citar el caso de Alemania en donde prima el Principio de “Societas Delinquere Non Potest” mediante el cual como ya se ha precisado, se establece que la responsabilidad penal recae en el representante de la persona jurídica y por tanto, los que ejercen esa función deben asumir la responsabilidad por los hechos punibles en que se haya incurrido. De otro lado, en Italia la responsabilidad penal también es personal mientras que en Francia con excepción del Estado, los organismos públicos sí responden penalmente.

 

En líneas generales, en el Derecho Comunitario se recomienda establecer la punibilidad de las personas jurídicas en los casos de fraudes comunitarios y en lo referente al modelo de sanciones que se aplican al momento de individualizar responsabilidades, éstas son básicamente dos: la responsabilidad de los órganos y representantes de la empresa ( Art. 31° del Código Penal Español) y la responsabilidad de los titulares de la persona jurídica.

 

La conclusión en este punto es que en la práctica - dado a un inadecuado sistema de imputación penal- , se castiga al representante de la persona jurídica sin que éste conozca nada de lo delictivo que hubiere podido acontecer, castigándosele entonces a título de imputación objetiva y funcionando tal esquema como “una responsabilidad hacia abajo” en el vértice de la responsabilidad punitiva.

 

Pues bien, habíamos adelantado al inicio de esta investigación, que nos adherimos a apoyar un modelo paralelo de imputación que haga confluir pero al mismo tiempo priorizar en su campo, las sanciones de connotación penal y las de índole administrativa. Los argumentos a favor de esta posición de relevancia político-criminal ya han sido esbozados anteriormente, sin embargo, es importante enfatizar  -y en relación con la determinación de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias-, que la lucha contra la criminalidad económica que amenaza significativamente el bienestar social y económico de las comunidades postindustrializadas, encuentra su punto de controversia más álgido, precisamente en establecer cuando se puede recurrir legítimamente al uso de la vía sancionatoria administrativa y en qué casos, se debe acudir a la instancia penal.

 

Un punto de discusión en tal contexto, lo constituye la dificultad en individualizar responsabilidades al interior de la persona jurídica cuando se cometen hechos reprobables penalmente por la norma. Ello debido a que el que se requiera identificar previamente al presunto autor de un hecho punible ( evento típico, antijurídico y culpable)  para imponer las denominadas consecuencias accesorias a las personas colectivas, limita en esencia la eficacia de la sanción a imponerse.

 

Lo ideal en este extremo – supuesto que sabemos no se concreta en la práctica judicial- sería que estas consecuencias accesorias fueran factibles de aplicarse aún cuando no se haya identificado al sujeto activo del delito, siendo exigible únicamente el haberse constatado la comisión del hecho antijurídico y la concurrencia de las exigencias que hacen posible la imposición de tales medidas accesorias. [27]

 

Resulta claro así, que la dificultad en determinar la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, deviene también de lo inocuo que traduce su aplicación a efectos de contrarrestar con eficacia la ingente criminalidad económica que se origina por la actividad de las empresas y sus representantes ú órganos. Al respecto, si bien existe la demanda político-criminal de atajar la delincuencia empresarial, no menos cierto es que no ha existido la voluntad política ni jurídica de otorgarles a estas medidas la categoría de sanciones propiamente, lo que imposibilita aún más considerarlas en el ámbito penal o en la esfera administrativa , exclusivamente.

 

De otro lado, no queda muy claro como estructurar en la práctica judicial, el proceso penal seguido contra las personas individuales a la par del proceso administrativo incoado contra las personas jurídicas en aquellos casos que versan sobre hechos delictuosos cometidas por las primeras, en representación del ente colectivo.

 

En efecto, si tenemos en cuenta que el procedimiento administrativo debe quedar en suspenso hasta que concluya la instrucción penal, se evidencia que no es posible adoptar medidas cautelares contra la persona jurídica en tanto y en cuanto no termine el proceso en sede penal, ocasionando con ello que la entidad corporativa prosiga en sus funciones con todo lo que esta situación conlleva y en tal supuesto, la sanción administrativa que posteriormente recayera en la persona jurídica, - obviamente por lo tardío e inoportuno de su imposición- carecería de valor y eficacia.

 

Al margen no parece razonable que el procedimiento administrativo propiamente, pueda hacer frente con idoneidad y debido a sus características y deficiencias, a la criminalidad organizada que despliegan algunas empresas y que en diversos casos, llegan al ámbito de lo transnacional.

 

 

 

Entonces, queda pendiente la determinación de cual es en realidad, la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, puesto que no existe certeza acerca de si constituyen penas o en otro enfoque, medidas de seguridad. Al respecto, existe una concepción moderna que las ubica en un “tertium genus”, es decir, se las considera simplemente como medidas administrativas adoptadas por razones de economía procesal.[28]

 

El ordenamiento penal español se adscribe a esta tendencia contemplando a las consecuencias accesorias en el Art. 129° del Código Penal , mientras que nuestro ordenamiento jurídico penal las prevé en el Art. 105° del Código Penal Peruano promulgado en el año 1991, constituyendo una verdadera novedad por introducir una serie de medidas aplicables a las personas jurídicas cuando el delito es cometido por personas físicas o naturales que actúan en ejercicio de las funciones de la empresa o utilizando a la organización para favorecer u ocultar las infracciones penales cometidas.

 

Las medidas que se enumeran son en términos generales: la clausura de la empresa, disolución de la sociedad, asociación o Fundación, y la suspensión provisional o permanente de las actividades de la persona jurídica. En nuestro entender, la controversia finalmente, se centra en discernir acerca de si estas consecuencias jurídicas que se imponen a las personas colectivas son medidas jurídico-penales que recaen en los entes corporativos ( en cuyo caso serían considerados como sujetos de Derecho Penal o en otros términos, centros de imputación penal) o bien, se trata de consecuencias jurídico-administrativas no sancionatorias propiamente.

 

La discusión puede extenderse más allá del objeto del presente análisis, sin embargo, la finalidad aquí se orienta principalmente a dilucidar si la incertidumbre que se cierne respecto a la naturaleza jurídica de las consecuencias denominadas accesorias, conlleva a justificar de algún modo, la inoperancia que en la práctica, ocasiona su imposición en los diversos procesos penales que se han instaurado a consecuencia precisamente, de la actividad criminal de las personas jurídicas. En este caso las conclusiones a que se arribe, propiciarán un debate mucho más amplio y pormenorizado que coadyuve a alcanzar propuestas de solución a dicha problemática que resulten fundamentalmente, viables.

 

En orden a lo señalado, queremos dejar sentado que actualmente tanto en el Derecho Penal vigente en nuestro país como en España (ordenamiento que hemos tomado como modelo en el presente estudio), las consecuencias jurídicas no son consideradas como penas propiamente ni las personas colectivas son catalogadas como sujetos activos del delito, ello en razón a que la culpabilidad sólo es reconocida en términos de atribución penal, a las personas físicas y no a las jurídicas.  Desde luego, la reflexión en este punto conduce a replantear todo el sistema penal actual, examinando si su función está concretando los fines en los que se inspiró en relación a la punición y responsabilidad de los actores o sujetos activos del delito.

 

Desde esta perspectiva, consideramos que si bien la tendencia actual se orienta a admitir la culpabilidad de las empresas bajo un enfoque propiamente penal, también lo es que dicha tendencia se basa en una llamémosle “ instrumentalización del Derecho Penal”, pues el objetivo en tal secuencia, consistiría en obtener a través de esta disciplina del Derecho, la imposición efectiva de sanciones o el anuncio de males inminentes ante la ocurrencia de eventos delictuosos a fin de evitar su comisión. El punto se torna así, central e impostergable, ya que conlleva necesariamente y en un futuro no muy lejano, al desarrollo de una innovadora teoría general del delito, que contemple, precisamente, cuestiones dirigidas a solucionar la problemática de las consecuencias accesorias o medidas administrativas en la esfera de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

El asunto en análisis conduciría finalmente, a definir un nuevo concepto dogmático acerca de la culpabilidad que alejado de los postulados clásicos, permita su atribución a los actores colectivos, postura que nosotros asumimos con cautela, pero conscientes a la vez, de su necesaria inserción dado el notorio fracaso que en la práctica, propicia la inadecuada imposición de las medidas accesorias desde un enfoque netamente administrativo.

 

Ahora bien, ¿qué proponemos respecto a la deficiente regulación de las llamadas consecuencias o medidas accesorias? . En primer lugar, se hace necesario admitir que no resultan funcionales para prevenir eficazmente la criminalidad que se comete en el interior y a través de la empresa precisamente porque se les confiere la calidad de  “accesorias”, requiriéndose la previa imposición de una pena cuando la dificultad más notoria e infranqueable las más de las veces, consiste justamente en individualizar  las responsabilidades en el seno de las personas colectivas.

 

En segundo término -atendiendo y apuntando hacia la necesidad de hacer coherente el sistema penal sancionador-, debe propugnarse la creación de un sistema de imputación penal y administrativo que sancione en la realidad, a la propia persona jurídica o moral. Se descarta por otro lado ( y esto resulta una innovación a perfeccionar, sin lugar a dudas ) la conexión exigida en la actualidad en torno a la identificación del responsable y la comisión del hecho delictivo.

 

En tal línea de razonamiento, la responsabilidad de la empresa no va a depender más de la responsabilidad individual de determinados sujetos, los cuales no están impedidos de hacer uso – en su descargo obviamente- de las causas de justificación del delito referentes a atenuantes, eximentes, etc, sino que bajo esta visión, se considera al ente corporativo como un sujeto de imputación penal , atendiendo a parámetros tales como la funcionalidad social de la conducta, expresada en estas circunstancias, en la potencialidad del riesgo del sujeto para los bienes jurídicos objeto de protección penal, no siendo del caso reiterar nuestra preocupación acerca de la peligrosidad que ha asumido la criminalidad organizada económica en los últimos tiempos. 

 

Cobra real sentido en atención a lo expuesto, la siguiente aseveración: “Si las normas penales que protegen bienes jurídicos colectivos se dirigen fundamentalmente a empresas, es posible y necesario colegir que éstas deben considerarse comprendidas en el supuesto de hecho de estos delitos, pues de lo contrario, la norma perdería buena parte de su función de motivación y sus efectos preventivos.”[29]

 

Es necesario igualmente - en coherencia con las reflexiones que preceden- , orientarnos hacia un cambio de paradigma respecto a las nociones tradicionales de las categorías de la dogmática penal, interesándonos sobremanera la referida a la culpabilidad, puesto que ésta ya no debe ser asumida como una condición absoluta e inmodificable, sino como una categoría de valor orientada principalmente, a satisfacer el fin social de protección preventiva de los bienes jurídicos en peligro,  pues todo ello nos va a permitir finalmente dotar de visos de racionalidad al esquema tradicional de imputación en el caso de las personas jurídicas, y en dicho supuesto, se hace posible reformular- con las garantías de un debido Procedimiento Penal-, la punibilidad de los entes colectivos.

 

El sistema sancionatorio propio de las personas jurídicas ( PENAL O ADMINISTRATIVO)  que se propone entonces como alternativa de solución, no debe diferir de los objetivos tendientes a aplicar una sanción realmente intimidatoria, pero dirigida especial y directamente a la persona jurídica.

 

Esto va a otorgar una ventaja comparativa consistente en el hecho de permitir sin mayor dificultad, cuando la infracción penal ha sido cometida por el ente corporativo  y el injusto ha sido realizado materialmente por el sujeto individual ( se soluciona así el problema de la individualización de responsabilidades al interior de la empresa o agrupación colectiva), diseñar un sistema de imputación paralelo que respete esencialmente las garantías que, siendo tradicionalmente propias del sistema penal aplicado a las personas individuales, también sea factible de observarse a cabalidad, sin restricción ni distingo alguno, respecto a las personas jurídicas.

 

Estas propuestas obviamente, plantean esencialmente responder a la demanda política- criminal respecto al desborde de la criminalidad económica, sin embargo, no dejan de lado en modo alguno, la plena observancia y respeto a las garantías de la imputación penal , ya sea de naturaleza penal o administrativa a aplicar a  las personas jurídicas, pues ello constituye la inspiración y el basamento de todo Estado de Derecho que respete los derechos fundamentales de las personas como atributos inherentes e ineludibles a su condición inmanente de ser humano.

 

Creemos, a manera de reflexión final, que este breve análisis sólo constituye un inicial aporte que esperamos, conlleve a enfatizar el interés que despierta en la sociedad, la búsqueda a la solución de la problemática que significa la cada vez más creciente y organizada criminalidad económica y sus conocidos y perniciosos efectos para la comunidad en general y su máxima aspiración, el desarrollo en aras del bien común.

 

 

ROSARIO SUSANA LOPEZ WONG

Fiscal Adjunta Superior del Distrito Judicial de Lima.

Mayo, 2003.

 

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