GOBERNABILIDAD Y SISTEMA JUDICIAL

 

Roberto G. MacLean U.

Miranda & Amado Abogados

 

Para el peruano común y corriente -carente de poderosas influencias o de recursos suficientes- el sistema judicial a pesar de sus innumerables defectos y limitaciones, sigue siendo la opción menos mala frente a un atropello o a la violación de un derecho.  Aún para el peruano poderoso y afluente que resuelve sus problemas en forma directa a través de sus contactos o de su solvencia, y hasta presume de evitar litigios judiciales, las deficiencias de nuestro sistema judicial tienen una gravitación decisiva sobre sus asuntos y lo afectan mucho más de lo que sospecha, en costos invisibles y de transacción.

 

El sistema judicial es, en medio de todo, el  tubo de ensayo donde se pone a prueba la viabilidad de todas las políticas, de todas las leyes, de todas las decisiones y actos ejecutivos o legislativos, y la conducta de los particulares.  En un tiempo u otro, tarde o temprano, la fuerza de gravedad de los acontecimientos y de la historia se empoza en este destartalado y desvencijado poder del Estado.

 

No obstante todo esto, es sorprendente comprobar que cuando se han  realizado diferentes encuestas sobre las causas de la falta de gobernabilidad en el país, el sistema judicial ni siquiera ha sido considerado como una de las posibles causas.  El diagnóstico implícito parece ser que más que negativa la justicia es irrelevante.  Y esto es lo peor que puede ocurrir, porque es el síntoma de la impotencia que sentimos por no saber qué hacer.

 

Cuesta un trabajo enorme, y nos resistimos a salir de nuestra desorientación y hacer algo serio para resolver los problemas de la justicia, porque siempre hay a la mano otras soluciones más rápidas y fáciles, aunque siempre resulten ser enmendaduras a corto plazo.  Todo siempre se reforma y nada en el fondo cambia.

 

La primera reacción típica ante una crisis como esta es la incontinencia legislativa de códigos, leyes, decretos y resoluciones. Ello es resultado de pensar que la gobernabilidad es un problema de autoridad y carencia de leyes, en lugar de uno de estándares, de servicio y de eficiencia social de las leyes; de liderazgo de los jueces; de la participación de la comunidad, y de elevar nuestros niveles de desempeño para hacerlos compatibles con la globalización que ya estamos viviendo, en los derechos humanos, en la inversión y el comercio, en la dignidad de la familia y en la protección contra el crimen.

 

 El problema de pensar que las leyes lo pueden resolver todo lo ha reflejado el Ministro de Industrias en declaraciones recientes, al expresar que, en el Perú, cerca de dos tercios del PBI son responsabilidad del sector informal y, por ello, fuera de la normatividad de las leyes, y sin ningún registro de pago de impuestos. Las declaraciones coinciden con lo que nos ha venido diciendo desde hace años Hernando de Soto; es decir, del enorme abismo entre la ley y la realidad a nivel del país, aunque no exista o exista muy poco en sectores determinados.  Parte del problema consiste en la deficiente absorción y permeabilización de la opinión pública por parte del Legislativo, ya sea que esta opinión esté expresada en palabras o en conducta, como es en el caso de los informales.  Una de las recomendaciones que se puede hacer a este respecto, es que el Congreso celebre audiencias públicas en todo proyecto de ley de importancia económica, social o política.  En un país como el nuestro con carencia de información y estudios técnicos serios en tantas materias, el diálogo con los interesados, y la confrontación de opiniones informadas es esencial.

 

La contradicción entre la ley y la realidad ya dejó de ser un mero accidente circunstancial de coyuntura, y ha sido promovido a rasgo característico y endémico en nuestra cultura cívica: es la forma normal de convivir y de juzgar las cosas. Pero hay una sola excepción en esta forma de vivir que es el sistema judicial.  No se trata, sin embargo, de un mérito del sistema o de nuestros jueces, sino de una característica de la topografía del problema.  Ante la contradicción, el Legislativo puede escoger la ley, y el Ejecutivo la realidad, y ambos seguir adelante; pero al sistema judicial la contradicción le golpea frontalmente en la cara, como un puñetazo en la nariz.  Si los jueces dejan de ser simples burócratas y logran asumir el liderazgo a que están llamados, pueden constituir la principal y más alta esperanza para tender,  casi inadvertidos y calladamente, un puente sobre el abismo.

 

Pero este no es el único problema.  Hay que añadir que, a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, el sistema judicial no tiene un electorado ni fuerzas políticas activistas que lo respalden.  Lo que puede ser una ventaja en muchos casos puede resultar también su debilidad ante las presiones de ambos poderes, y de otros sectores.  Para defender la independencia de los jueces, necesaria para resistirlas, se ha diseñado dispositivos que tratan de construir murallas que los aíslen  o protejan de los peligros, ignorando que la independencia no es una virtud que se construye desde fuera sino por dentro de las conciencias.  El ambiente natural en el que los jueces trabajan son las presiones, y la especialidad en la que en realidad deben ser expertos, más que la jurisprudencia, es la de desactivación de crisis y la solución de conflictos, dentro del marco de la ley.  Por ahí hay que construir los métodos para nombrar, capacitar, promover o destituir jueces.

 

Podría parecer, para quien no está al tanto de las anécdotas y detalles pequeños de nuestra vida política, como que hubiese una conspiración tácita para impedir al sistema judicial erguirse a la altura del desafío. Esta supuesta conspiración se manifestaría ya sea desarticulando lo que fue la Corte Suprema en el pasado y fraccionando sus antiguos poderes en varios otros organismos; ya sea manteniendo un sistema de presidencias de corte que son casi inútiles por lo efímeras; ya sea imponiendo a la Academia de la Magistratura en el texto de la Constitución tareas que son imposibles de cumplir; ya sea abrumando al sistema con quejas y acusaciones de corrupción sin proponer una sola alternativa válida; ya sea haciendo pagar un precio alto cuando jueces o magistrados como Sacquicuray, Aguirre Roca, Revoredo, Rey Terry o Silva Vallejo y otros se han atrevido a ser independientes, imaginativos, creativos o simplemente valientes.

 

Claro que la corrupción es un problema muy serio, pero lo más serio es que aún si toda la corrupción fuese eliminada los problemas que quedan todavía son del tamaño de una montaña.  Contra la corrupción hay armas efectivas como son la eficiencia, la transparencia, la obligación de dar cuenta de los actos propios, el establecimiento de sanciones adecuadas, de procedimientos públicos, y la aplicación efectiva de las sanciones previstas para hacer un ejemplo futuro de cada infractor.  Tanto para eliminar la corrupción, como para el resto de los problemas, se requiere de una sólida y eficiente organización administrativa. Las exigencias sociales a la justicia son las de una mayor eficiencia en la muchedumbre de casos que ventila el sistema judicial. Ellos están relacionados con el pago de deudas, cumplimiento de contratos, reparación de daños, protección de la propiedad, incumplimiento de obligaciones paternas para el mantenimiento de los hijos, disputas laborales; y en el área penal el flagelo de las drogas, robos, lesiones y delitos sexuales.  El impacto social en la comunidad de los fallos judiciales sobre estos casos son la forma de gobierno de la justicia.  Grano a grano y gota a gota, cada día los tribunales van dibujando lo que es el verdadero perfil y el futuro económico, social, político y cultural del Perú.

 

Pero la gobernabilidad no es en última instancia un problema de autoridad sino de eficiencia y servicio.  Se necesita una gran falta de percepción para pensar que la administración de justicia no es parte del gobierno de un país, o para creer por otra parte que es un monopolio al que no hay otra u otras alternativas; que lo digan sino los linchamientos en los pueblos jóvenes o en el Ande; que lo diga sino la práctica de los "hombres amarillos" para cobrar deudas; o que lo diga la historia del Perú frente a los gobiernos de facto, y la cuenta no terminaría.

 

Mejorar la cuota de gobernabilidad del país que corresponde al sistema judicial requiere de un programa con un plazo de varios años y que comprenda la eficiencia social de la ley, cultura de servicio, capacidad de liderazgo y compromiso de participación por parte de los jueces.  Pero requiere también del contrapeso y control recíproco de las tres ramas del Estado y de la participación decisiva de la sociedad civil.  La tarea judicial en este equilibrio de poderes es, en cada caso frente a los tribunales, reconocer, entre la maleza de las argucias de los jurisconsultos y de la forzada manipulación de las leyes, las facciones auténticas de los valores forjados por la comunidad a través de sus partidos políticos, escuelas y universidades, asociaciones, gremios y sindicatos, creencias religiosas y conversaciones en el seno de las familias, que constituyen su identidad y fuerza de cohesión, y la verdadera garantía de un futuro con paz y libertad.