La Meta en la Reforma de la
Justicia
Roberto G. MacLean U.
Miranda & Amado
Abogados
La única meta que puede tener algún
sentido político, económico o social en una reforma de la justicia, es la de
mejorar el servicio que presta el sistema a los usuarios. No se trata de una mejora en
términos generales, vagos, conceptuales y teóricos, sino una mejora concreta y específica, que se
pueda medir con indicadores precisos de cantidad y calidad. Todas las otras metas, como las de
autonomía, independencia, aumento de recursos, erradicación de la corrupción,
capacitación, tecnología e infraestructura física, encomiables y hasta
indispensables como son, sólo nos llevan hasta la mitad del camino; se quedan
ostensiblemente cortas. Cuando se llega a estas metas sólo se enteran, con gran
satisfacción, las autoridades y los
especialistas. Pero aquellos que
recurren al sistema de justicia para cobrar una deuda, pedir protección contra
un abuso de la autoridad, solicitar una compensación por un daño sufrido, o
buscar refugio contra la violencia sexual, para no poner más ejemplos, ni se
enteran que hubo alguna vez una reforma o siquiera un intento que se congeló en
el tiempo. Es un poco como iniciar
un programa de nutrición, y trazarse como meta comprar platos, tazas, cubiertos
y servilletas. Estas aparentes metas sólo son medios o herramientas, que
únicamente cobran sentido cuando se llega a prestar efectivamente el servicio al
usuario -en un caso- o cuando se alimenta y nutre a la persona, en el ejemplo
que se ha usado como comparación.
En el mundo abundan ejemplos de
proyectos que han causado endeudamiento, gastos bordeando en el despilfarro,
rumas de papeles con informes y notas, esfuerzos que desgastan y desilusionan,
expectativas no satisfechas, y frustración general en la población que lee los
titulares de los medios de comunicación, pero no percibe resultados
concretos.
La cultura de servicio en la
administración de justicia consiste en medirlo y traducirlo todo en resultados
que puedan ser fácilmente medidos cuantitativa y cualitativamente por el
usuario. Hay en el Perú los medios
y el conocimiento técnico disponibles para llegar a esta meta. Los inconvenientes son que se debe
trabajar con intensidad y perseverancia, principalmente los jueces que son los
líderes naturales de este proyecto; y que este trabajo durará varios años. Esto
además de la participación como colaboradores y suministradores de información,
de los diversos grupos de intereses de la sociedad civil. No hay todavía sustitutos para unos ni
otros; ni, desgraciadamente, el equivalente judicial al café instantáneo. Sin
embargo, si por añadidura hay algunos recursos económicos disponibles, el
trabajo de equipo podrá ser más intenso, mayor el número de personal que
participa, y podrán multiplicarse los proyectos piloto por todo el país. Pero aún así, tenemos que seguir
pensando en plazos de varios años.
Lo esencial de este enfoque es que
el sistema de justicia es parte capital en la gobernabilidad del país; y lo que
interesa al ciudadano común y corriente es, por ejemplo, cómo reacciona nuestro
sistema judicial frente a un fenómeno específico como la inflación; o cuál sería
la reacción del sistema frente a una quiebra concreta del régimen
constitucional; o qué compensación pueden esperar, siendo realistas, los familiares de la víctima de un
accidente, de parte de los responsables.
Hay un éxodo importante de
litigantes del sistema de justicia peruano hacia el arbitraje, la negociación,
la mediación, los foros internacionales y extranjeros, e incluso hacia los
linchamientos a mano propia. Muchos
juristas, a pesar de todo esto, todavía viven con la ilusión óptica que la
justicia es un monopolio y no quieren mirar alrededor, más allá de los códigos y
leyes.
Hay que concluir que el verdadero
acceso a la justicia no sólo consiste en medidas para brindar facilidades
lingüísticas, de gratuidad de la justicia, proximidad geográfica, movilidad y
acceso para discapacitados, patrocinio gratuito de abogados, y otras por el
estilo, si al final del largo camino, el sistema de justicia no está preparado
para responder eficientemente, prestando el servicio que los miembros de la
comunidad requieren. Y eso es lo
que hay que buscar en una reforma, y lo que hay que ofrecer al usuario. Y eso es
lo que se ha venido trabajando en un proyecto patrocinado por la Academia de la
Magistratura, con la colaboración de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, que está temporalmente suspendido. Por ahí va la
cosa.