El Sistema Judicial y la Constitución
(II)
Roberto G. MacLean U.
Otro de los temas cuya discusión propicia el actual debate sobre las reformas a la Constitución en el Congreso de la República, es el referente a la Academia de la Magistratura.
La capacitación permanente de jueces y magistrados a todo nivel que realiza la Academia, es sólo uno de los nueve o más elementos necesarios para elevar el nivel de nuestro sistema judicial a estándares internacionales; pero de estos elementos es el único del que depende la viabilidad de todos los demás. De ahí su importancia; y de ahí la necesidad de estructurar el texto constitucional sobre bases que tengan sustento en la realidad y no en buenas pero vagas intenciones expresadas inadecuadamente.
El error que comete el texto actual es parecido al del proverbial perro del hortelano al confundir una academia judicial con una escuela de posgrado para candidatos a jueces. Por una parte, no hay forma práctica por este camino, de capacitar adecuadamente a los candidatos. Otros ejemplos en el país de esfuerzos semejantes para capacitar candidatos son la Academia Diplomática y las escuelas militares, y todas ellas requieren de dedicación exclusiva y una duración de varios años. A la Academia de la Magistratura se le impone una tarea que no guarda relación con sus posibilidades. El encargo está fuera de toda proporción y despilfarra recursos económicos y logísticos, y por añadidura malgasta el esfuerzo de su personal. A lo mejor, lo que puede haber pasado -podemos imaginar- es que los constituyentes tomaron un modelo extranjero, como el español o el francés, y lo transplantaron fuera de su contexto natural en el que puede funcionar bien dentro de sus circunstancias totales. Hay varios ejemplos más en el mundo de estos transplantes equivocados y fuera de contexto: entre ellos las academias judiciales de Egipto e Indonesia, que, por supuesto funcionan mal; y la de Rusia, que no es precisamente una historia de éxitos y logros.
Pero lo más serio de esta tarea imposible es que además -y por eso su semejanza con el perro del hortelano que ni come ni deja comer- impide que la Academia de la Magistratura cumpla a cabalidad con su misión urgente y esencial de capacitar a los jueces y magistrados titulares en actual ejercicio que son, sin contar a los suplentes, alrededor de mil. Impide capacitar a cabalidad a los jueces de paz que son más de cuatro mil. Impide capacitar a cabalidad al personal administrativo y crear la carrera de administrador judicial. Impide capacitar a cabalidad a los hombres de prensa que cubren las noticias judiciales muchas veces sin entender realmente de qué se trata. Impide dictar cursos de capacitación a maestros de escuela para que entiendan y puedan explicar a los niños y jóvenes del país que hay realmente en la justicia más allá de los mitos, leyendas y demonios. En fin, impide que la Academia sea lo que quiere y debe ser.
Por supuesto que los candidatos deben capacitarse, al igual que los candidatos a otras de las muchas especialidades de las ciencias jurídicas, pero no existe ninguna razón práctica para que el presupuesto de la Academia sufra el fuerte drenaje de recursos para la capacitación de profesionales cuyas expectativas en el sistema judicial son futuras e inciertas. Esta tarea de especialización se debe dejar a las universidades, no solamente en Lima, sino en todo el país, para abrir las oportunidades al más amplio número posible de candidatos. Por añadidura, muchos de los jueces y magistrados a lo largo y ancho del Perú, son profesores universitarios.
Para entender mejor lo que está pasando, pensemos por un momento en las instituciones públicas y privadas más eficientes y de más éxito en el país como los mercados Wong o el Banco Central de Reserva, entre otros. Pensemos, luego, en qué sería de ellas si les aplicáramos el criterio que el texto actual de la constitución le impone al Sistema Judicial. Sería la fórmula casi perfecta para bloquear oportunidades, propiciar la indiferencia y mediocridad, estimular la falta de creatividad, de imaginación y de espíritu de servicio y crear un coto cerrado a prueba de talentos nuevos. Felizmente, esto no tiene que ser así.
A pesar del enorme elefante muerto que le han puesto sobre los hombros, la Academia de la Magistratura, está luchando esforzadamente para hacer obra.
Estamos frente a una oportunidad excelente -por no decir ideal- para quitar las trabas que impiden realizar, a cabalidad, la tarea más importante que hace falta para mejorar la justicia y para cumplir su verdadero cometido. Démosle una oportunidad al sistema judicial. Dejemos que el esfuerzo silencioso que se está desplegando sea fructífero. Hay que formar a los jueces como primera prioridad, porque como dice el antiguo refrán popular: "Más vale un centímetro de juez que diez metros de ley". Comencemos por allí.