LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
EL PERÚ:
I. LUCES
1)
La reacción. Lo
ocurrido en los últimos años ha sido tan grave para el Poder Judicial y el
Ministerio Público, que ahora sólo cabe esperar una recuperación no es dable
que las cosas empeoren.
2)
La opinión pública
está llamada a jugar un papel decisivo en la recuperación del Poder Judicial y
el Ministerio Público. Debe haber una gran campaña destinada a movilizar a la
sociedad civil. La reforma del Poder Judicial no es asunto que competa
únicamente a los abogados. Lamentablemente hasta el momento el gran público no
ha dado muestras de interés por el tema. Al parecer la situación del Poder
Judicial no es asunto que lo incumba directamente. Esto hay que cambiarlo.
3)
Hay atisbos de una
decisión política por mejorar las cosas en la justicia. Una señal importante,
lamentablemente no bien entendida por todos, fue el aumento de sueldos a los
magistrados. Otra señal sería que el Presidente de la República incluya este tema
en las reuniones de coordinación que está sosteniendo con líderes políticos.
4)
El nombramiento de
los magistrados es otra muestra positiva. El Consejo Nacional de la
Magistratura, a pesar de algunas críticas que se le han hecho, ha actuado
acertadamente en el nombramiento de cuatro magistrados de nivel supremo. Este
es un paso importante si lo comparamos con los antiguos modelos de
nombramientos y ratificación de magistrados, en los que intervenía el
Presidente de la República y el Congreso.
II. SOMBRAS
a)
La falta de independencia del Poder Judicial es un mal que
aún persiste. El más reciente ejemplo es la ley promulgada hace pocos días que
exige un quórum especial en la Sala Plena para elegir al Presidente de la Corte
Suprema y que, si no se alcanza dicho quórum, el actual Presidente interino
continúa en funciones. El Congreso y el Poder Ejecutivo (al promulgar la ley)
están interviniendo en la marcha del Poder Judicial y decidiendo quién ocupa su
presidencia, decisión ésta que debería corresponder al propio Poder Judicial.
b)
La falta de recursos materiales es un mal que aqueja al
Poder Judicial desde hace décadas. Una muestra es que el 2% de los gastos
corrientes asignado al Poder Judicial por la Constitución de 1979, sólo se
cumplió en una oportunidad. Al servicio de justicia se le regatean los recursos
presupuestales, lo cual obviamente atenta contra su eficacia.
Ya se ha
propuesto que el Poder Judicial cuente con un mínimo presupuestal y, además,
que la administración y gestión de su presupuesto corresponda al Poder
Judicial. No hay autonomía sin independencia económica.
c)
La falta de recursos humanos capacitados e idóneos es otro
hecho que afecta al servicio de justicia.
Hay diversos
factores que influyen en esto:
-
El desprestigio judicial. Las encuestas de opinión
demuestran que el Poder Judicial está mal considerado. Por esta razón resulta
poco atractivo para los mejores egresados de las Facultades de Derecho.
-
Salvo honrosas excepciones, la educación legal en el Perú es
deficiente. Así –mal formados jurídicamente- llegan a muchos jóvenes a formar
parte del Poder Judicial.
-
Los Colegios de Abogados no ejercen un adecuado control de
la ética en la profesión legal. Esto contribuye a la corrupción, tema que se
aborda más adelante.
-
Para que el Poder Judicial cuente con mejores recursos
humanos es necesario romper la inercia, es necesario ir dando pasos en la
dirección correcta. El incremento de los sueldos ha sido positivo. El
incremento presupuestal es otro, porque asegurará que los magistrados cuenten con
mejores condiciones de trabajo (oficinas, equipo, asesores, etc.). El
reconocimiento expreso de la autonomía del Poder Judicial es también un
elemento favorable porque descartará la falta de estabilidad en el ejercicio
del cargo, que desalienta a los eventuales postulantes.
d)
Otra “sombra” es la corrupción. Hay que luchar intensamente
contra ella. Para esto se reclama un nuevo papel para el Consejo Nacional de la
Magistratura, el cual –previa modificación constitucional- debe estar en
aptitud de sancionar a los magistrados de todos los niveles.
e)
Finalmente, el
gobierno del Poder Judicial debe estar a cargo de un órgano integrado por
magistrados de los distintos niveles y representantes de la sociedad civil.
Debe ser un ente ejecutivo, con personal a tiempo completo. La Sala Plena de la
Corte Suprema sólo debe cumplir tareas ocasionales como la elección de sus
representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de
la Magistratura.
Lima, 7 de
diciembre de 2001